El penal de supermáxima seguridad que el gobierno federal construirá en Papantla, Veracruz, a partir de este año, buscará dar un trato humano y terapéutico a los 320 internos de la mayor peligrosidad que recibirá y cuya característica fundamental es que se trata de personas sumamente violentas y “capaces de desestabilizar todo un penal”, aseguró el subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, Patricio Patiño.
El funcionario aseguró que la prisión “SuperMax” será distinta a las que existen en los Estados Unidos, de donde se tomó el modelo a aplicar y en el que los internos están recluidos durante casi 20 horas al día, no reciben visitas, están aislados, solo coinciden por áreas a la hora de la comida, pueden estar media hora en patios aislados y no tienen mayor contacto con el exterior.
Patiño dijo que la modernización y reestructuración del sistema penitenciario nacional comenzará este año en varios puntos del país y costará alrededor de 2 mil 800 millones de pesos, incluyendo la construcción de la Supermax en Veracruz.
Aseguró que el esquema será distinto y buscará, en periodos de tratamiento y terapia que irán de los 6 a los 8 meses de internamiento.
El funcionario reveló que los estados en donde hay más problemas por desórdenes penitenciarios que derivan en riñas o amotinamientos, son Baja California, Sonora, Jalisco, Chihuahua, Veracruz y el Distrito Federal.
Previo a la conferencia de prensa, se dieron a conocer los 11 puntos del acuerdo alcanzado en la Primera Reunión Nacional del Sistema Penitenciario, entre los que destacan:
Aplicar en los CERESOS el Sistema de Registro de Visitantes. A la brevedad, los estados deberán enviar a la Secretaría Técnica las capacidades de conexión de sus instalaciones penitenciarias.
Una vez resuelto el problema de conexión, Plataforma México instalará el aplicativo y ofrecerá el curso de inducción para los usuarios.
Lograr la integración del Sistema Nacional de Información Penitenciaria en el Sistema Único de Información Criminal, en cumplimiento con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para lo cual “durante el mes de abril, cada estado concluirá con su proceso de migración de información; cada estado completará los catálogos de delitos, y cada estado enviará al Secretario Técnico un informe semanal detallando los avances logrados, a partir de la primera semana de abril.
Se aprobó además la propuesta de “levantar un diagnóstico sobre el empleo penitenciario en los estados, para lo cual la Secretaría Técnica solicitará la información pertinente en coordinación con el Consejo Coordinador de Industria Penitenciaria”.
También se acordó “formular un calendario de trabajo con estados para revisar expedientes y determinar candidatos a ser trasferidos a la Colonia Penal Federal Islas Marías, así como elaborar un programa de largo alcance sobre esta materia”.
Finalmente, se acordó que el diagnóstico sobre la extorsión telefónica en los centros penitenciarios de cada estado, precise elementos para identificar: penales donde ocurre el ilícito con mayor frecuencia; penales donde hay inhibidores de señal celular y amparos o condiciones jurídicas existentes que dificulten la instalación de inhibidores.
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